Edgar Alarcón fue removido del cargo como contralor general de la
República. La Comisión Permanente del Congreso sometió a votación el informe
que fue elaborado por el grupo de trabajo que concluyó que había cometido al
menos cuatro faltas graves.
Tal y como indica el artículo 30 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, basta que haya incurrido en una falta grave para que el Congreso declare la vacancia del cargo del contralor.
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Un pago cuestionable -
El informe concluyó,
en primer término, que fue una falta grave el pago de beneficios laborales “no
arreglado a ley” a Marcela Mejía, ex tesorera de la institución. La ex
funcionaria recibía un sueldo de S/3.350, pero fue cesada en el 2010 con una liquidación
mayor a S/127.000 y un pago adicional de S/100.000 por viáticos. Esa situación
aparentemente irregular también es investigada por la fiscalía anticorrupción.
El
audio con el auditor -
Asimismo, el documento
sostiene que fue una falta grave de Alarcón la supuesta coacción al auditor
Walter Grados a fin de que retire la denuncia en su contra presentada al
Congreso por el caso de la compraventa de 92 vehículos que efectuó en el
período 2002-2015, cuando ya trabajaba en la contraloría.
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Negocios con un proveedor -
El grupo de Arana
también consideró falta grave que la institución, entre el 2013 y el 2015,
cuando Edgar Alarcón era vicecontralor, haya comprado dos automóviles por un
valor de US$80.000 a Juan Carlos Capcha Velásquez, quien es proveedor de
servicios a la contraloría.
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No declaró bienes -
Finalmente, se
determinó como falta grave que el funcionario haya “omitido la presentación de
declaración jurada de bienes y rentas”. De acuerdo al auditor Grados, Alarcón
incumplió esa norma durante tres años.
Fuente:
elcomercio.pe
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