La Contraloría General de la
República dispuso el uso obligatorio de la “Plataforma para la Transparencia de
la Gestión Pública en la Emergencia Sanitaria COVID-19” por parte de los
gobiernos locales, que será actualizado el último día hábil de cada semana.
Mediante la Resolución de
Contraloría Nº 102-2020-CG, se establece que los titulares de los gobiernos
locales o quien este designe son responsables del adecuado registro de la
información requerida por esta institución, en la plataforma informática dispuesta.
De esta manera, la entidad
fiscalizadora refuerza su estrategia de control gubernamental como parte de la
emergencia sanitaria declarada por el brote del nuevo coronavirus, con la
finalidad de contribuir a garantizar la adecuada disponibilidad, destino de los
bienes y recursos públicos, e identificar oportunamente las situaciones que
puedan afectar la finalidad prevista.
Por ello, se dispone el uso
obligatorio de esta plataforma para los gobiernos locales a fin de conducir el
proceso de contratación, así como la ejecución del contrato y su conclusión, de
manera eficiente, bajo el enfoque de gestión por resultados en las
adquisiciones que efectúen en el ámbito del Decreto de Urgencia N° 033-2020.
Recursos
Con esta última norma, el Poder
Ejecutivo, entre otros aspectos, autoriza a los gobiernos locales, de manera
excepcional durante el año fiscal 2020, a efectuar la adquisición y
distribución de bienes de primera necesidad de la canasta básica familiar a
favor de la población en situación de vulnerabilidad, en el contexto de la
emergencia sanitaria declarada por el covid-19.
Para tal fin, además, se ha
efectuado una transferencia de recursos en beneficio de los diversos gobiernos
locales hasta por la suma de 213 millones 650,000 soles.
De acuerdo con el artículo 82 de
la Constitución Política del Perú, la Contraloría General de la República es
una entidad descentralizada de derecho público que goza de autonomía conforme a
su ley orgánica; asimismo, es el órgano superior del sistema nacional de
control que tiene como atribución supervisar la legalidad de la ejecución del
presupuesto del Estado, de las operaciones de la deuda pública y de los actos
de las instituciones sujetas a control.
Fuente: elperuano.pe
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