Los
trabajadores del Estado que tengan sentencias por actos decorrupción podrán ser despedidos, anunció hoy la
ministra de Justicia Marisol Pérez Tello tras una sesión extraordinaria del
Consejo de Ministros, la última del año.
Esta es una de las medidas dentro de los 14 decretos
legislativos aprobados hoy por el Consejo de Ministros. El jefe del Gabinete,
Fernando Zavala,
detalló que las normas se refieren a aspectos tributarios, simplificación
administrativa y justicia y lucha contra la corrupción.
Precisamente dentro de este último tema, Pérez Tello anunció la ampliación de la denominada
muerte civil.
"Hoy hay inhabilitación perpetua. Pero la gente se
preguntaba qué va a pasar con los funcionarios corruptos que están trabajando
hoy día. Hemos corregido esa norma con una medida administrativa laboral para
que no puedan trabajar en el Estado personas sentenciadas por delitos de
corrupción y para que se pueda despedir a una persona sentenciada por
corrupción", explicó.
Otro decreto legislativo aprobado tiene que ver con el traslado
del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima (CJDRL),
conocido como Maranguita,
al Poder Ejecutivo. Actualmente depende del Poder Judicial.
"De manera que se pueda hacer la atención desde el
Ministerio de Educación o el de la Mujer. De manera integrada, fortalecer a la
familia y atender a los menores infractores evitando de esta forma que un
adolescente hoy se convierta en un delincuente mañana", acotó.
En general, Pérez Tello y Zavala precisaron que el paquete de decretos
legislativos aprobados, en el marco de la lucha contra la corrupción y a favor
de la seguridad ciudadana, se centra en tres ejes: prevención, persecución y
sanción y finalmente rehabilitación y reinserción social de infractores.
"La próxima semana terminaremos de aprobar el paquete de
medidas, que en su total incorpora más del 30% de las 100 recomendaciones
planteadas por la Comisión Presidencial de Integridad", anotó también.
Entre las otras normas aprobadas, Pérez Tello detalló que se han mejorado los
sistemas de colaboración eficaz incluso con personas privadas de libertad; se
ha dado facilidades a la fiscalía para la investigación con personajes
encubiertos que puedan ser funcionarios públicos con el fin de luchar contra la
corrupción.
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