Líderes católicos filipinos y responsables de ONG expresaron su indignación este lunes
ante la voluntad de Rodrigo Duterte de restablecer este sistema.
“Antes
existía la pena de muerte, pero no pasaba nada. Dénmela y la aplicaré cada día
a cinco o seis criminales”, manifestó el último sábado el presidente de
Filipinas, Rodrigo Duterte.
El jefe
de Estado es blanco de numerosas críticas por su sangrienta campaña contra el
tráfico de drogas y “su guerra contra el crimen”, que dejó más de 5,300 muertos
desde su llegada al poder, a fines de junio de este año.
Líderes
católicos filipinos y responsables de ONG expresaron
su indignación este lunes ante la voluntad del presidente Rodrigo
Duterte de
restablecer la pena de muerte y de ejecutar a diario a entre “cinco y seis”
criminales.
“Los
filipinos serían considerados como un país de bárbaros. Filipinas se
convertiría en la capital mundial de la pena de muerte”, declaró a la agencia AFP el padre Jerome Secillano, de la
Conferencia de Obispos Católicos Filipinos.
La pena
de muerte fue abolida en el archipiélago en el año 2006, tras una intensa campaña
de la iglesia. El catolicismo es la religión del 80% de los filipinos.
Duterte ganó
las elecciones presidenciales, tras prometer eliminar a decenas de miles de
traficantes de droga y restablecer la pena de muerte. Está previsto que la
Cámara de Representantes vote en enero sobre el restablecimiento de la pena
capital.
El alto
comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, Zeid Ra’ad al Hussein, afirmó en una carta a los
parlamentarios que los filipinos violarían sus obligaciones internacionales si
adoptan esa medida.
“Establecer
una cuota de ejecuciones es la gota que colma el vaso”, dijo a la AFP Romeo Cabarde, vicepresidente de
Amnistía Internacional en Filipinas.
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