Planteó, además, la modificación del artículo 170
del Código Penal, que tipifica el tipo base del delito contra la libertad
sexual, para aumentar la pena de cárcel a quienes cometan este ilícito cuando
la víctima sea mayor de edad.
Propuso, a su vez, prohibir los beneficios
penitenciarios si aún son concedidos en estos casos.
Iniciativa
legislativa
Empero, expresó que estos cambios deben operarse
mediante la aprobación de una iniciativa legislativa.
Para tal efecto, corresponde a un congresista
presentarla o a cualquier ciudadano proponerla a los parlamentarios o incluso
puede gestarse desde el PJ.
En entrevista en un programa televisivo, Rodríguez
Tineo recordó que para los casos graves de delitos de violación sexual
cometidos contra menores de edad ya no existen beneficios penitenciarios.
Comentó que las sentencias judiciales
correspondientes a casos contra la libertad sexual disponen que los condenados
por este delito sean sometidos a tratamiento terapéutico.
Sin embargo, advirtió que por múltiples razones el
Estado no puede cumplirlas a cabalidad.
Pena de muerte
A juicio del titular del PJ, la pena de muerte no
ha demostrado estadísticamente la disminución de los índices de criminalidad en
los delitos atroces.
Países como Estados Unidos, en la mayoría de sus
estados, están superando esta situación, en tanto que China, donde era aplicada
para los delitos de corrupción, ahora retrocede.
Así, si el Perú decidiera aplicarla, habría
dificultades normativas porque el Estado tendría que denunciar el Pacto de San
José de Costa Rica, que también castiga los delitos de lesa humanidad.
“Es un tema muy serio que no hay que reducirlo
simplemente al estado de ánimo de la población”, subrayó.
Convenio de
cooperación
Para favorecer el acceso a la justicia de las
víctimas de violencia basada en género, Rodríguez Tineo suscribió un convenio
marco de cooperación interinstitucional con el Fondo de Población de las
Naciones Unidas (UNFPA), representado en nuestro país por María Elena Zúñiga
Herrera. El acuerdo permite que el UNFPA capacite primordialmente a los
magistrados tanto en enfoque de derechos humanos y género como en los ejes
claves para la adecuada administración de justicia.
Fuente: elperuano.pe
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