Entrevista. Aprovechamos la presencia del académico español en
la Conferencia Anual Internacional por la Integridad (CAII) 2018, que organizó
la Contraloría General de la República, para recoger sus impresiones sobre la
lucha contra la corrupción en América Latina y los avances del Perú en esta
materia.
¿Cómo se observa desde Europa el caso Lava
Jato, que ha golpeado a buena parte de los gobiernos y partidos políticos de
América Latina?
–Con preocupación, por los efectos que pueda tener
en el ámbito público. Ahora mismo, el conjunto de procesos ha llevado, por
ejemplo, a que en Brasil llegue al poder una persona [Jair Bolsonaro] que
ciertamente produce preocupación por sus posiciones radicales. En el Perú, se
investiga a cuatro expresidentes, con lo cual no sabemos qué efectos haya sobre
la vida política y cuáles son las posibilidades de que aparezca un salvador
diciendo que acabará con la corrupción, pero, más bien, generará más problemas.
Esto preocupa por las consecuencias que tiene
sobre la democracia, la legitimización democrática y el sistema político.
En muchos países hay corrupción, lo importante es
combatirla adecuadamente; pero también es cierto que la demagogia y el
populismo pueden utilizar estas denuncias para atentar contra la democracia.
–¿Qué diferencia a la corrupción en América Latina con la que existe en
Europa?
–Una diferencia enorme con España y una gran parte
de los países de Europa es que prácticamente no se pagan sobornos, es muy
extraño; en tanto que en muchos países de América Latina los datos son muy
preocupantes. México, República Dominicana y Perú son los países que están peor
en este aspecto. Los datos del barómetro de Transparencia Internacional son muy
elevados respecto al soborno en comparación con Europa.
Esto no significa que en Europa no haya corrupción
política: existe, incluso en países poco corruptos, como Alemania.
La financiación de los partidos políticos y de las
campañas electorales es un área de enorme riesgo. Hemos visto casos graves en
Francia, España, Portugal.
–¿Cómo observa los esfuerzos del Gobierno peruano en la lucha contra la
corrupción?
–El Perú hace esfuerzos verdaderamente
extraordinarios. Está la Secretaría de la Integridad, que ha hecho avances
importantes; hay un plan de integridad y un programa para implementarlo en la
administración pública, eso es un enorme avance. Ahora el problema es aplicarlo
y quién lo hará. Para ello, se necesita voluntad política, medios, presión
social, hay que ver si eso se dará.
Hay elementos estratégicos que son fundamentales.
Si no se tiene una administración pública profesional, meritocrática, es
difícil que esto funcione. Necesitamos servidores públicos que no cambien
cuando cambia el gobierno, que tengan continuidad, estabilidad, que estén ahí
porque son profesionales, que han ganado un concurso muy serio y que tienen
competencias para hacer su trabajo. Si se consigue eso, ya es un avance enorme
en la lucha contra la corrupción.
Pero si tienes servidores públicos con sistema CAS
(contrato de administración de servicios), que cambian cada semana, cada mes,
es muy difícil porque está muy pendiente de lo que le dice el poder político.
Estos servidores harán lo que les diga el jefe porque, de lo contrario, se van
a la calle.
–En el Perú se ha reformado la Constitución para establecer el
financiamiento público indirecto de las campañas electorales y la prohibición
para recibir aportes de empresas. ¿Esto impedirá que los partidos sigan
recibiendo aportes prohibidos?
–Teóricamente, es una medida muy lógica. Si
prohíbo a las empresas financiar a los partidos, es porque obviamente una
empresa privada no tiene ideología, no tiene sentido que financie un partido.
Otro tema son los dueños de las empresas, que sí tienen ideología y pueden
financiar a un partido. Esto reducirá las posibilidades de corrupción de las
empresas para influir en las decisiones gubernamentales.
Es obvio que si los partidos ya no cuentan con
financiamiento de las empresas, deben tenerlo del Estado para sus campañas. Los
partidos políticos cuestan dinero, y eso hay que asumirlo en una democracia.
La reforma es una medida que lanza un mensaje,
pero la clave es que los partidos sean honestos; si no lo son, recibirán dinero
público, pero también buscarán dinero privado para financiar sus campañas.
El aporte de la Contraloría
–¿Cuál es el rol que les compete a los organismos de fiscalización, como
la Contraloría en el Perú, en la lucha contra la corrupción, sin que esto
signifique una paralización del aparato público?
Ese es el gran dilema que vivimos en el Perú. Hay
avances en la lucha contra la corrupción, pero esto genera una paralización de
los proyectos. Muchos servidores públicos que trabajan honradamente tienen
miedo a firmar documentos, y esto paraliza la acción del Estado. ¿Cómo
conseguir hacer una lucha contra la corrupción que sea eficaz y, al mismo
tiempo, no paralice? Ese es el reto del Perú hoy en día.
–¿Qué le parece el mecanismo para hacer un control concurrente de las
obras que implementa la Contraloría?
La Contraloría tiene planes muy interesantes, y
este es uno de ellos. Sería una solución al problema que antes planteábamos,
luchar contra la corrupción, pero sin paralización, que significa el temor a
firmar cualquier documento. En el momento en que se tenga a la Contraloría que
ayuda y dice que esto se puede firmar, esto no, creo que para las grandes obras
se avanzará mucho y se conseguirán resultados. Otro buen acierto de esta
gestión es tomar el control interno de los gobiernos locales y regionales e
incorporarlo a la labor de la Contraloría. Antes no hacían labor de este tipo
porque estaban dominados y controlados por los poderes políticos.
Perfil
Manuel Villoria es catedrático de Ciencia Política
en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC), donde dirige el
Observatorio en Buena Gobernanza.
Es autor de más de 200 publicaciones, entre libros
y artículos, sobre administración pública y ética administrativa.
También es director del Máster de Alta Dirección
Pública del Instituto Universitario Ortega y Gasset.
Fuente: elperuano.pe
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